Juan José Puerta Subsecretario del Ministerio de la Presidencia

Desde la instauración de la democracia, las Administraciones Públicas españolas han experimentado una transformación extraordinaria. Los cambios, organizativos y estructurales, han sido motivados tanto por la exigencia de equidad y participación social como por las nuevas exigencias de transparencia, de responsabilidad, de eficacia y de eficiencia en el uso de los recursos públicos, de servicio útil a la ciudadanía. Es la suma de todo lo que ha impulsado la evolución de las organizaciones administrativas en su diseño estructural, en sus tecnologías, en sus metodologías de trabajo y, consecuentemente, en las competencias de los empleados y empleadas públicos.

El proceso de transformación está todavía en marcha. A día de hoy, la gestión de los servicios públicos tiene un carácter marcadamente transversal. La seguridad ciudadana, la prevención de la salud, la gestión de la política inmigratoria, la apuesta por la igualdad de oportunidades, la calidad de la educación pública…, son bienes esenciales cuya realización no depende de un solo departamento administrativo. Al contrario, todas las grandes políticas públicas se han tornado transversales y sinérgicas, una circunstancia que exige una notable capacidad de coordinación y colaboración institucional.

Junto a ello, se ha puesto de manifiesto la indiscutible importancia que, en los procesos de consulta, de planificación, de regulación y de toma de decisiones de esas políticas públicas, tienen los agentes sociales y económicos. Esta realidad ha hecho del diálogo social, de la negociación y de la concertación entre estos agentes y los poderes públicos, la garantía de la transformación coherente y exitosa de la propia Administración, así como de la acción que la misma lleva a cabo.

Como toda situación complicada, la crisis económica y financiera mundial, profunda y compleja, nos recuerda el papel fundamental del encuentro y la concertación. Sólo por su medio se encontrarán soluciones y se aplicarán las medidas para combatir las consecuencias negativas, laborales y sociales, de la crisis. Los ciudadanos lo saben, y exigen a los gobiernos y a los actores sociales voluntad de diálogo y capacidad de acuerdo para enfrentarse a los problemas derivados de aquélla.

			“La crisis ofrece una oportunidad de reformas que mejoren el conjunto de la sociedad”

Pero la crisis ofrece también una oportunidad para el cambio, para acometer en muchos sectores reformas de fondo que mejoren el conjunto de la sociedad. Sobre todo, para impulsar un nuevo modelo productivo, más estable, más eficiente, más igualitario; un patrón de crecimiento económico que priorice la cohesión social, más productivo, competitivo, sostenible, con capacidad para redistribuir los ingresos, para reducir las desigualdades, para invertir en formación del capital humano y en capital científico-tecnológico, para extender el sector servicios y potenciar las actividades de I+D+i como motor de cambio. Pues bien, en todo ello, las administraciones públicas tienen mucho que decir.
Las administraciones públicas han de ser motor de ese impulso, convirtiéndose en un ejemplo de buena gestión, de calidad, de previsibilidad, de transparencia y de eficacia de los servicios públicos. Y han de serlo a través del diálogo, con la colaboración de todos los implicados en la tarea.

Esta convicción está en la base del diálogo social, que ha dado lugar al reciente Acuerdo , con las organizaciones sindicales. Un Acuerdo para toda la legislatura, un instrumento de diálogo social institucionalizado y permanente en la Mesa General de las Administraciones Públicas y en las Mesas Sectoriales, un Acuerdo que pone de relieve el protagonismo de los sindicatos como interlocutores sociales para la concertación de mejoras en las condiciones de trabajo, en la profesionalización y en la productividad en el sector público.

El Acuerdo 2010-2012 marca un hito por el grado de compromiso del Gobierno con las empleadas y los empleados públicos, por su ambición y por su carácter abierto. En él se contempla un programa global de medidas que afectan a aspectos retributivos –la cláusula de revisión salarial–, a mejoras en las condiciones laborales –formación, impulso a la igualdad–, al desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, a una oferta de empleo público satisfactoria, a la racionalización administrativa, a la ordenación de los recursos humanos, a la innovación y las nuevas tecnologías. Un programa de medidas de contenido estratégico para el Gobierno cuyo objetivo es una Administración a la altura del siglo XXI.

El Acuerdo 2010-2012 marca un hito por el grado de compromiso del Gobierno con sus trabajadores, lo que es igual a decir con la calidad del servicio público y la atención a los ciudadanos. Ahora, nuestra misión es desplegar sus contenidos a lo largo de la legislatura.

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			Jesús R. Mercader Uguina Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid

En la civilización de la conversación, el consenso y la solución dialogada de los problemas son las vías naturales de canalización de la contraposición de intereses. El diálogo social es el elemento básico del modelo social de nuestra Constitución y una de las piezas básicas de las modernas relaciones laborales. No es pensable, en el momento actual, ninguna acción de gobierno que omita en su adopción los intereses representados por los interlocutores sociales. El diálogo social ha sido y es un instrumento especialmente eficiente de progreso y estabilidad económica, política y social y ha demostrado ser uno de los pilares sobre los que hemos cimentado nuestro desarrollo social. El recurso al diálogo social resulta aún más necesario en contextos de dificultad o crisis económica como el actual.

El Acuerdo Gobierno-sindicatos para la Función Pública incorpora 50 medidas para el incremento de la calidad y la eficacia de los servicios públicos; la reforma y modernización de la Administración; la mejora de las condiciones de trabajo, la profesionalización y la productividad de los empleados públicos; el mantenimiento de su poder adquisitivo y la garantía y buen ejercicio de los derechos sindicales. Uno de los principales objetivos de este acuerdo es la modernización y reforma de la Administración. Esta necesidad se va a materializar en una serie de medidas como el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el compromiso de elaborar una Ley de Función Pública, que iniciará su tramitación como Proyecto de Ley a finales de 2010. Además, se incorpora el compromiso de crear un Observatorio del Empleo Público encargado de realizar un diagnóstico que permita redimensionar las plantillas, establecer los criterios de calidad y eficiencia y la evaluación del tipo de empleo que se crea en cada Administración.

			“La nueva gestión de lo público requiere de una acción concertada y consensuada”

Asimismo, para impulsar una Administración de calidad y eficaz, se ha acordado culminar el desarrollo de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Para ello, se aprobará el Real Decreto que desarrolla la Ley y se impulsará un Plan General de Formación en Administración Electrónica.

El desarrollo de políticas efectivas de formación constituye otro de los objetivos del Acuerdo. El incremento de los niveles de productividad y eficiencia impone la necesidad de potenciar planes de formación para perfeccionar y mejorar las funciones de los funcionarios, y dotarles de verdadera impronta en la evaluación de su desempeño, su promoción y su carrera profesional.

Reducir la temporalidad
Sin duda, la incorporación del trabajo temporal se considera uno de los problemas capitales con los que se enfrenta la Administración Pública. El Acuerdo contempla reducir las tasas de temporalidad hasta un máximo del 8%. El Acuerdo se compromete también a permitir el acceso a la jubilación parcial, posibilidad prevista en el EBEP, pero pendiente de la necesaria concreción normativa.

El desarrollo de las políticas de responsabilidad social constituye otra de las líneas medulares del Acuerdo, que establece el compromiso de promover medidas que permitan la mejora del clima laboral, de carácter medio-ambiental y que contribuyan al desarrollo sostenible.

En materia de retribuciones, el Gobierno garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios. Por primera vez se establece una cláusula de revisión salarial por la que el Gobierno se compromete a compensar en 2012 la pérdida del poder adquisitivo que pudiera producirse. Esta medida es una opción realista que pone de manifiesto la sensibilidad y ejemplaridad del Gobierno e interlocutores sociales en el actual contexto de crisis económica. Junto a ello, han llegado a un acuerdo para incorporar a los Presupuestos Generales del Estado los criterios por los que se regirá la Oferta de Empleo Público para 2010. El número total de plazas públicas no superará el 15% de la tasa de reposición y se concentrará en los sectores que se consideran prioritarios y esenciales.

La conclusión de la lectura del Acuerdo es que da un paso importante en el necesario proceso de modernización de la Administración Pública. No debemos olvidar que el punto de arranque de nuestro régimen administrativo en el marco del Estado de Derecho se construye sobre el principio de eficacia constitucional (art. 103 CE). La nueva gestión de lo público requiere de una acción concertada y consensuada que impulse el desarrollo de una Administración de calidad y más eficiente, que mejore las condiciones de trabajo, la profesionalidad y la productividad de los empleados públicos y que ayude a racionalizar el empleo público reduciendo la temporalidad. El Acuerdo que ahora inicia su andadura hunde sus raíces en estas ideas.