Entrevista

Al margen de sus contenidos y compromisos, el Acuerdo para la Función Pública es un punto de referencia en la negociación colectiva. ¿qué destacaría al respecto?
Lo más significativo es el hecho mismo del Acuerdo, siempre deseable, pero más en momentos de dificultad económica como los actuales. El Acuerdo corrobora que el Diálogo Social ha sido y es un claro instrumento de progreso y de estabilidad, y el clima de consenso que expresa ha de facilitar la modernización de la Administración Pública con un claro beneficiario, el ciudadano.

¿En qué medida el Acuerdo puede contribuir a que la Administración del Estado sea el motor para la reactivación económica?
Estoy convencida de que va a contribuir y mucho, porque mejorar la organización, racionalizar y acortar los procedimientos, reducir cargas y papeleo a ciudadanos y empresas y, en definitiva, incrementar la productividad de la administración, es impulsar el nuevo modelo de economía sostenible.



			“El ciudadano tiene derecho a relacionarse con la Administración por medios electrónicos”

No se parte de cero: en los últimos años se ha alcanzado un conjunto de acuerdos, pero todavía existen cuestiones pendientes. ¿Qué prioridades se han marcado?
El Acuerdo se despliega en 50 medidas, todas ellas importantes, aunque hay algunos aspectos que me parecen especialmente relevantes, como el énfasis que se pone en la formación continua, en particular para impulsar la Administración Electrónica, y en el reciclaje permanente de las empleadas y empleados públicos. La formación es una herramienta indispensable, no sólo para impartir conocimientos, sino también para propiciar aptitudes y destrezas.

La Ley de Acceso Electrónico es clave entre esas 50 medidas. ¿En qué punto se encuentra su desarrollo?
Esta Ley establece un nuevo derecho de los ciudadanos, como es el de relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El Real Decreto que la desarrolla fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 6 de noviembre. Por otra parte se hallan en estado muy avanzado de tramitación otros dos Reales Decretos que son claves para la implantación de la Administración Electrónica: los relativos a los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad. También será importante el que regula la figura del Defensor del Usuario de la Administración Electrónica.

La implantación de la Administración Electrónica contempla un plan general de formación. ¿Cómo va a afectar a las empleadas y empleados?
El Plan General de Formación en Administración Electrónica lo vamos a abordar con la necesaria intervención de los departamentos ministeriales y organismos públicos implicados, y con la decisiva aportación del Instituto Nacional de Administración Pública. La Ley de Acceso Electrónico supone un cambio total del enfoque vigente hasta el momento; ahora es el ciudadano el que tiene derecho a poder relacionarse con la Administración por medios electrónicos, y la Administración tiene la obligación de habilitar los instrumentos necesarios para garantizar el ejercicio de esos derechos. La formación en Administración Electrónica tiene que abarcar, por tanto, no sólo el aprendizaje necesario para la utilización de las nuevas herramientas, sino el nuevo enfoque que debe presidir las relaciones con los ciudadanos, buscando en todo momento la forma de hacerlas más fáciles, cómodas y accesibles. Por eso la formación ha de ser continuo, permanente, para poder afrontar unos entornos tan cambiantes.

El Gobierno también se compromete a mantener el poder adquisitivo de los funcionarios y a establecer por primera vez una cláusula de revisión. ¿Qué puede añadir al respecto?
El Gobierno se había comprometido a mantener el poder adquisitivo de los funcionarios pese a la difícil situación económica, y el Acuerdo así lo recoge y lo confirma. Además, se recoge una clausula de revisión salarial que, si fuera necesario, compensará a los empleados públicos en 2012. Todo ello es garantía de estabilidad.

El desarrollo del Estatuto Básico del Empleo Público es uno de los grandes retos que tienen que asumir. ¿En qué punto se encuentra?
El Estatuto ha de ser desarrollado por Leyes de Función Pública de la AGE y de las Comunidades Autónomas. Por eso, en determinadas cuestiones, el Estatuto Básico no es una estación de término sino el comienzo de un camino. En el caso del texto del Borrador de la Ley de la Función Pública de la AGE, se viene reflexionando y trabajando desde hace meses con informes y documentos internos. Es un texto legal complejo, y hay que trabajar en él de manera sostenida, pero sin apresurarnos. Merece la pena dedicarle el tiempo necesario, porque su misión va a ser encarar los retos considerables que afronta la Administración Pública en materia de recursos humanos. Me consta que las CC. AA. están también en fase de reflexión y de elaboración de documentos y borradores de sus respectivas Leyes de Función Pública. Hemos debatido con ellas sobre aspectos centrales, para hallar entre todos unos puntos de encuentro y unos criterios comunes, sin perjuicio del ejercicio de las políticas propias de cada una. El Acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales nos impulsa a avanzar, en esta línea.



			“Muface viene prestando sus servicios con acreditada calidad y eficacia”

¿Con qué criterios se está trabajando para desarrollar el proceso de evaluación de los empleados públicos?
La implantación de la Evaluación del Desempeño tiene que ser cuidadosa y ponderada, y saber que en la administración nos encontramos con organizaciones de la más variada factura, tamaño y funciones. Sabemos que la fijación de indicadores para medir resultados puede resultar más compleja en unas unidades que en otras. Contamos con experiencias al respecto en determinados organismos como, por ejemplo, el Consorcio de Compensación de Seguros. También hemos debatido sobre ello con las comunidades autónomas. Pero lo que está claro es que los criterios deberán estar basados en principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, como establece el Estatuto del Empleo Público. En todo caso, lo que sí creo es que es mejor disponer de un sistema de Evaluación del Desempeño que pueda no ser perfecto en sus comienzos, que no disponer de ninguno.

El Acuerdo contempla un código ético de conducta de los empleados públicos. ¿En qué va a consistir?
El Código de Conducta de las empleadas y de los empleados públicos establecerá los principios de actuación de aquéllos en el ejercicio de sus funciones, así como en su relación con la ciudadanía. Es necesario referir cómo en muchos Estados y organizaciones internacionales se han aprobado códigos de ética y de conducta de sus empleados, cuya observancia contribuye a la obtención de una “buena administración”, entendida como un derecho de los ciudadanos; a fortalecer la confianza de los mismos en las instituciones públicas; a suponer un factor adicional de competitividad de las organizaciones; a ser un mecanismo de su modernización; y a evitar la desafección del ciudadano por lo público a través de la transparencia en las actividades de lo público.

Y como responsable y mutualista de Muface, ¿tiene algún nuevo reto para la Mutualidad?
Muface viene prestando sus servicios con acreditada calidad y eficacia, habiéndose incorporado al proceso de modernización de la Administración Pública con una labor constante desde hace tiempo. Se puede aludir a algunos objetivos a afrontar desde Muface: la profundización en las garantías de los mutualistas, un mayor nivel de calidad y mejora de su control en el cumplimiento de los Conciertos suscritos por Muface con las Entidades Sanitarias, y la adaptación de los procedimientos de las prestaciones a suministrar por Muface a las previsiones de la Ley de Acceso Electrónico.

Por otra parte, se sigue trabajando desde Muface en un proyecto piloto sobre Historia de Salud Digital y, junto con el INSS y a través de la Inspección médica de este organismo, en la aplicación de la regulación del régimen de incapacidad temporal de mutualistas, que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009, ha incoorporado novedades en la actualización, homogeneización y mejora de ese régimen, lo mismo que el de la situaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural.

¿Qué valoración hace del Acuerdo para la Función Pública?
Es muy positivo, por sus contenidos en compromisos y orientaciones concretas y por el momento en el que se firma. Esos contenidos fortalecen, ordenan y desarrollan la negociación colectiva en el ámbito de las administraciones públicas, sin interferir en las competencias de las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales, dando un impulso definitivo a estas administraciones como prestadoras de los servicios públicos que demanda nuestra sociedad. Supone la plasmación de importantes compromisos recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público aún sin desarrollar, y un cierto avance en la equiparación de derechos de los empleados públicos con el resto de trabajadores de otros sectores productivos, acabando con el mito de que deben tener menos derechos por tener el empleo asegurado.

¿Cómo va a afectar el Acuerdo a los empleados y empleadas públicas?
Incluye importantes contenidos que son de directa aplicación a las personas que trabajan en la Administración General del Estado (AGE). Otros que, por su carácter básico, como los incrementos retributivos y el crecimiento selectivo de la Oferta Pública de Empleo, afectan al conjunto de las administraciones públicas, incluidas las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. No obstante, el conjunto de contenidos suscritos deben ser referencia en los ámbitos negociales específicos para dotar de la máxima cobertura, homogeneidad y coherencia al conjunto de los acuerdos y convenios de nuestra Función Pública, con el máximo respeto a la singularidad y autonomía de cada ámbito. Puede servir como un buen instrumento para conseguir los objetivos que el propio Acuerdo define bajo el epígrafe “Impulsar la buena administración, la calidad y la eficacia de los servicios públicos”, en un momento en el que determinados sectores están recuperando un discurso en contra del sector público, en general, y de los empleados y empleadas públicas, en particular.



			“El Acuerdo significa un avance en la equiparación de derechos de los empleados públicos con el resto de trabajadores de otros sectores productivos”

Entre las 50 medidas para la mejora de los servicios públicos del Acuerdo, ¿cuáles destacaría?
Destacaría dos medidas que acercan a los empleados públicos al resto del mundo laboral: su acceso al derecho a la jubilación parcial, y el reconocimiento explícito de una “Cláusula sobre Revisión salarial”, que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo al final del periodo en el que se desarrolla el Acuerdo y recoge una vieja reivindicación del sindicalismo en la Función Pública cuestionada por los sucesivos gobiernos. Esta reivindicación ha levantado protestas entre los sectores que creen que los empleados públicos deben ser los únicos que sufran los efectos de las crisis, que no tienen derecho a beneficiarse de los momentos de bonanza por ser servidores del Estado y tener el puesto de trabajo “asegurado”.

Este texto se enmarca en el diálogo social de las administraciones públicas. ¿Puede servir como punto de referencia para el resto de la sociedad?
El objetivo de los sindicatos era doble. Por una parte, que el Acuerdo no se redujera a un acuerdo con la AGE, sino con el conjunto de las administraciones públicas. Al mismo tiempo buscábamos enviar a la sociedad un mensaje claro: solo se puede salir de la crisis, defender y crear empleo, mantener los niveles de protección social y construir otro modelo productivo más sostenible mediante el diálogo social. Un mensaje importante en un marco en el que el “otro” diálogo social se ha roto por parte de la patronal, CEOE, demostrando que de la crisis solo quiere sacar ventajas. Como han explicitado las confederaciones de CC.OO. y UGT, este modelo de diálogo social puede servir para el resto del mundo laboral, proponiendo un acuerdo similar que combine contención con mantenimiento a lo largo de la legislatura, con reinversión de los excedentes empresariales en la reactivación de la economía.

Como secretario general de la FSP-UGT, ¿qué valoración hace del Acuerdo para la Función Pública?
Evidentemente muy positiva, el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para 2010-2012 retoma la senda del diálogo social iniciada en la legislatura anterior con un claro objetivo: garantizar la calidad de los Servicios Públicos a prestar a la ciudadanía y continuar mejorando las condiciones de trabajo de los empleados públicos, desechando de este modo las tradicionales recetas consistentes en “congelar salarios, recortar empleo y restar calidad a los Servicios Públicos”. Es posible afirmar que el nuevo Acuerdo plantea muchas cuestiones innovadoras que contribuyen decisivamente a poner en marcha los cambios estructurales que demandamos para construir una Administración abierta, transparente, eficaz, productiva e igualitaria. Pero este Acuerdo no es ninguna meta, sino más bien el comienzo de una nueva etapa para concretar con la calma y seriedad necesarias cuestiones básicas para el buen funcionamiento de las Administraciones Públicas.

¿Qué opinión le merece el Plan de Ordenación de Recursos Humanos contemplado en el texto del Acuerdo?
Esta medida, específica para la AGE, nos parece muy conveniente al estar dirigida a racionalizar las políticas de recursos humanos a seguir durante los próximos años. Desde hace años, la FSP-UGT ha estado demandando la necesidad de realizar un diagnóstico serio y riguroso sobre la realidad de los recursos humanos, especialmente de las cuestiones relativas a la cuantificación de la oferta de empleo público, aprovechamiento de los recursos disponibles, de movilidad voluntaria, etc., todo ello a través de la negociación colectiva. Así, vemos el Plan como un instrumento idóneo para llevar a cabo todo lo dicho, al abrir muchas expectativas de mejora para los empleados públicos de la AGE.



			“Para superar la crisis hay que asignar un papel primordial a los servicios públicos en defensa del bien común”

Existe una visión generalizada en algunos foros de que el gasto en el sector público en España es excesivo. Sin embargo, otras opiniones consideran que el gasto social en Servicios Públicos es la mejor inversión posible.
El gasto social en Servicios Públicos es la mejor inversión posible, y la idea principal de esta argumentación es muy sencilla: “El dinero tiene que quedarse en el patrimonio común para que se destine al bien común”. No en vano, y a pesar de los avances considerables de estos últimos años, España está a la cola de la UE-15 en gasto social en relación al PIB, lo que además supone que el porcentaje de personas que trabajan en el sector público también sea inferior (casi en ocho puntos) a los países de nuestro entorno. Para mi organización la superación de la crisis exige la adopción de medidas concretas y urgentes que sirvan para asignar un papel primordial a los Servicios Públicos en defensa del bien común, haciendo posible que los ciudadanos se encuentren libres de la necesidad, del daño, de la ignorancia, de la intolerancia, del miedo a la discriminación…

Usted ha dicho que este Acuerdo es “una propuesta de negociación ajustada y solidaria con los tiempos que corren”. ¿Puede servir como punto de referencia para el resto de la sociedad?
Sin duda, tanto en la forma como en los contenidos. En cuanto a la forma, porque queda demostrado que si existe voluntad es posible el diálogo, y si éste está impregnado con conceptos como responsabilidad, contención, flexibilidad, compromiso y solidaridad, el resultado no puede ser otro que la Concertación y el Acuerdo. Y con respecto a los contenidos, porque recoge innovaciones que se sitúan en línea con la necesaria configuración de un nuevo modelo de economía sostenible, buscando nuevas soluciones a viejos problemas. Por ello, y aunque cada sector productivo presenta unas circunstancias y una realidad muy diversas, considero que, en términos generales, sí puede servir de referente.

¿Qué valoración hace CSIF del Acuerdo? ¿Considera que es un instrumento válido para potenciar una Administración eficaz y de calidad?
Muy positiva, porque este Acuerdo supone recuperar el diálogo social, que llevaba dos años paralizado, y que es el escenario necesario para poder avanzar en la reforma y modernización de las Administraciones Públicas: adecuándolas al Estado de las Autonomías que nos hemos dado, manteniendo la coordinación, la cooperación y una homogeneización básica entre todas ellas; mejorando las condiciones de trabajo de los empleados públicos, potenciando su formación, su motivación y dignificando su trabajo; consiguiendo que los ciudadanos reciban del Estado y de sus distintas administraciones los mejores servicios públicos. En épocas de crisis como la actual se hace imprescindible apostar por una Administración más eficiente. Así lo ha entendido CSIF, suscribiendo este Acuerdo que dedica el primero y más extenso de sus apartados a este objetivo. En el Acuerdo hay importantes compromisos, firmes y con fechas concretas. Si somos capaces de cumplir con esos ambiciosos objetivos, habremos conseguido un significativo salto de calidad en la eficacia de nuestra Administración.

¿En qué medida va a mejorar este Acuerdo las condiciones de trabajo de los empleados públicos?
Mejorando su formación, planificando y organizando los recursos humanos, haciendo realidad la jubilación parcial, la carrera administrativa y la promoción profesional; reduciendo la temporalidad con la consolidación del empleo, desarrollando políticas de igualdad… Y en el aspecto retributivo se apuesta por una moderación salarial para 2010, pero introduciendo una cláusula de revisión salarial interanual con mantenimiento del poder adquisitivo.



			“La implantación generalizada de la Administración Electrónica hará que los servicios públicos sean más cercanos y accesibles”

¿Qué opinión le merece la creación del Observatorio del Empleo Público?
Creemos que era un paso necesario. Ha llegado el momento de analizar de manera sistemática la situación actual de los recursos humanos que se emplean en las administraciones públicas. Las demandas de la sociedad han cambiado: para prestar un servicio público con la calidad y eficacia requeridas es necesario un diagnóstico en materia de recursos humanos, un diagnóstico que permitirá lograr un redimensionamiento y adecuación de las plantillas a las nuevas demandas de la sociedad. También tenemos que establecer parámetros que nos permitan evaluar la calidad de los servicios públicos que prestamos, que nos permitan evaluar a los profesionales y que nos sirvan para conocer las nuevas categorías profesionales que se hace necesario incorporar a las administraciones. Todo ello se abordará en el Observatorio del Empleo Público: un foro para analizar estos aspectos
.
Uno de los principales objetivos del Acuerdo es la modernización de la Administración. ¿En qué aspectos se va a percibir esa reforma?
En la implantación generalizada de la Administración Electrónica, un cambio radical en el concepto de la relación de los ciudadanos con sus administraciones. Serán administraciones más cercanas y más accesibles. A medida que las mejoras contempladas en los anteriores apartados se vayan haciendo realidad –la profesionalización, la mejor formación, organización y motivación de los recursos humanos–, repercutirán positivamente en los servicios prestados a los ciudadanos, ya sea en educación, sanidad, seguridad pública o en el funcionamiento de la justicia. En la planificación y ejecución de planes de formación específicos para los empleados públicos, que actualizarán su cualificación profesional para las nuevas demandas de la sociedad en cuestiones medio-ambientales, de igualdad, de economía sostenible, etc.


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